México es un país en transición hacia la urbanización masiva. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020, el 80% de su población vivía en centros urbanos, y ONU-Habitat proyecta que para 2030 esta cifra alcanzará el 83.2%, con un aumento de 384 a 961 urbes. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual y excluyente.

El Índice de Ciudades Prósperas (CPI) de ONU-Habitat México (2016) señala que las ciudades mexicanas sufren de «institucionalidad limitada» y un modelo socioeconómico que margina a las mujeres, quienes constituyen el 51.2% de la población nacional (INEGI, Censo 2020).

El estudio del ECUM destaca que las mujeres enfrentan múltiples barreras en el espacio urbano. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI reporta que el 23.3% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia en el transporte público, mientras que el Informe de Seguridad Urbana 2023 de ONU Mujeres indica que el 70% de las mexicanas han experimentado violencia en espacios públicos, desde acoso callejero hasta agresiones físicas.

Estas cifras reflejan una crisis de seguridad que limita el derecho a la ciudad, un principio reconocido en la Constitución de la Ciudad de México (2017) como un derecho colectivo para el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Infraestructura segura: la base de la inclusión

La seguridad urbana es un pilar fundamental para las mujeres. El ECUM subraya que, según la guía «Calles Seguras para Mujeres y Niñas» de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU, 2025), solo el 35% de las vialidades en ciudades mexicanas cuenta con alumbrado público funcional, un factor que incrementa la percepción de inseguridad, especialmente en horarios nocturnos.

Las banquetas, elemento clave para la movilidad, son otro punto crítico: el INEGI (Censo 2010) documentó que solo el 40% de las manzanas urbanas en localidades de más de 5,000 habitantes tienen banquetas, y muchas son estrechas o están en mal estado, dificultando el uso de carriolas o el caminar con tacones. Esto afecta desproporcionadamente a madres, trabajadoras y mujeres con discapacidad.

El acceso a áreas verdes también es insuficiente. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 de SEDATU estimó en su momento que solo el 25% de las colonias urbanas en México cuentan con parques accesibles, y muchos no son seguros para mujeres y niñas, perpetuando su exclusión de espacios recreativos esenciales para su bienestar.

Derecho a la ciudad: servicios básicos como garantía de equidad

El derecho a la ciudad, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11) de la ONU y la Nueva Agenda Urbana, exige acceso equitativo a servicios esenciales. Sin embargo, las brechas persisten. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reporta que, en 2024, el 23% de las viviendas urbanas habitadas por mujeres jefas de hogar carecían de agua potable entubada, frente al 17% en hogares liderados por hombres.

Asimismo, el 12% de estas viviendas tenían pisos de tierra, un indicador de precariedad que afecta la salud y el desarrollo de las familias encabezadas por mujeres.

En el ámbito de la salud y la educación, la Secretaría de Salud (2023) señala que el 30% de las mujeres en áreas urbanas periféricas tardan más de 40 minutos en llegar a un hospital público, comparado con el 18% de los hombres, debido a la falta de transporte eficiente y la ubicación remota de los servicios. Esta desconexión limita el acceso a atención médica y educación, afectando especialmente a madres y niñas.

Movilidad y vivienda digna: desafíos estructurales

La movilidad urbana es un derecho humano ejercido de manera desigual por las mujeres. El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) reportó en 2023 que el 60% de las usuarias del transporte público en ciudades como Guadalajara y Monterrey perciben inseguridad, frente al 45% de los hombres. Las banquetas accesibles, esenciales para el uso de carriolas o sillas de ruedas, son escasas: el INEGI (2010) indica que solo el 15% de las vialidades urbanas cuentan con rampas adecuadas.

En materia de vivienda, el CUM denuncia que el 18% de las viviendas en zonas urbanas no tienen muros o techos firmes, y esta cifra asciende al 25% en hogares encabezados por mujeres (CONEVAL, 2022). La política de vivienda social, observada muy de cerca por ONU-Habitat, ha priorizado desarrollos en periferias sin servicios, como los municipios de Huehuetoca y Zumpango en el Estado de México, donde la Universidad Autónoma del Estado de México (2019) documentó una falta de conectividad que afecta a las mujeres que dependen del transporte público para trabajar o cuidar a sus familias.

Compromisos internacionales y la necesidad de acción

México, como firmante de la CEDAW y la Nueva Agenda Urbana, tiene la obligación de construir ciudades inclusivas y seguras. La Política Urbana Nacional (PUN), promovida por ONU-Habitat, propone un desarrollo urbano compacto e inclusivo, pero el CUM advierte que el presupuesto para desarrollo urbano en 2024 —13,500 millones de pesos, equivalente al 0.5% del PIB según la Secretaría de Hacienda— es insuficiente para cumplir estos compromisos. Sin una inversión sostenida y una reorientación de las políticas públicas, las ciudades mexicanas seguirán excluyendo a las mujeres.