La seguridad en el espacio público es un pilar fundamental para que las mujeres puedan ejercer su derecho a la ciudad. Sin embargo, las cifras son alarmantes y reflejan una crisis estructural:

• El Informe de Seguridad Urbana 2023 de ONU Mujeres señala que el 70% de las mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia en espacios públicos, incluyendo acoso callejero, agresiones físicas y violencia sexual.
• La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI reporta que el 23.3% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia en el transporte público, un espacio crítico para la movilidad urbana.
• En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el 60% de las usuarias del transporte público perciben inseguridad, frente al 45% de los hombres, según un analisis del Instituto Mexicano del Transporte (IMT, 2023).

El diseño urbano agrava esta situación. La guía «Calles Seguras para Mujeres y Niñas» de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU, 2025) destaca que solo el 35% de las vialidades en ciudades mexicanas cuenta con alumbrado público funcional, un factor clave que incrementa la percepción de inseguridad, especialmente en horarios nocturnos. Por ejemplo, en colonias periféricas como Iztapalapa (Ciudad de México) o Nezahualcóyotl (Estado de México), las mujeres reportan evitar salir después de las 7:00 p.m. debido a la falta de iluminación, lo que limita su participación en actividades sociales, laborales y educativas.

Las banquetas, un elemento esencial para la movilidad peatonal, también son insuficientes. Según el INEGI (Censo 2010), solo el 40% de las manzanas urbanas en localidades de más de 5,000 habitantes tienen banquetas, y muchas son estrechas, están obstruidas o en mal estado. Esto dificulta el uso de carriolas para madres, el caminar con zapatillas de tacón para trabajadoras, y el desplazamiento de mujeres con discapacidad. Además, solo el 15% de las vialidades urbanas cuentan con rampas para sillas de ruedas (INEGI, 2010), lo que agrava la exclusión de mujeres con discapacidad, quienes representan el 6.4% de la población femenina según el INEGI (2020).

Derecho a la ciudad: acceso a servicios básicos como indicador de equidad

El derecho a la ciudad, respaldado por el ODS 11 y la Nueva Agenda Urbana, implica que todas las personas, incluidas las mujeres, tengan acceso equitativo a servicios básicos como agua potable, educación, salud y espacios públicos. Sin embargo, las brechas de género en el acceso a estos servicios son evidentes:

Agua potable y condiciones de vivienda

• El CONEVAL (2024) reporta que el 22.5% de las viviendas urbanas habitadas por mujeres jefas de hogar carecían de agua potable entubada, frente al 17% de los hogares liderados por hombres.
• El 12% de estas viviendas tenían pisos de tierra, un indicador de precariedad que afecta la salud y el desarrollo de las familias, especialmente en zonas urbanas marginadas (CONEVAL, 2024).
• En estados como Chiapas y Guerrero, donde la pobreza urbana es más pronunciada, el 35% de los hogares encabezados por mujeres carecen de agua potable, según el INEGI (2020).

Salud y educación

El acceso a servicios de salud y educación es otro desafío crítico. Según la Secretaría de Salud (2023):

• El 30% de las mujeres en áreas urbanas periféricas tardan más de 40 minutos en llegar a un hospital público, frente al 18% de los hombres, debido a la falta de transporte eficiente y la ubicación remota de los servicios.
• En colonias como Chalco (Estado de México) o San Cristóbal de las Casas (Chiapas), las mujeres reportan tiempos de traslado de hasta 60 minutos para acceder a clínicas de atención primaria, lo que pone en riesgo su salud y la de sus familias.

En el ámbito educativo, las mujeres jefas de hogar enfrentan barreras para garantizar la educación de sus hijas e hijos. El INEGI (2020) señala que el 20% de las escuelas primarias en zonas urbanas periféricas carecen de accesos adecuados, como banquetas o transporte público cercano, lo que obliga a las madres a recorrer largas distancias para llevar a sus hijos a la escuela, afectando su productividad laboral y su bienestar.

Espacios públicos y áreas verdes

Los espacios públicos, como parques y plazas, son esenciales para el bienestar físico y emocional de las mujeres y sus familias. Sin embargo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018 de SEDATU estimó en su momento que:

• Solo el 25% de las colonias urbanas en México cuentan con áreas verdes accesibles.
• En ciudades como Tijuana, el 60% de los parques existentes no cuentan con iluminación ni vigilancia, lo que los convierte en espacios inseguros para mujeres y niñas (SEDATU, 2018).
• En el caso de la Ciudad de México, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2022) encontró que las mujeres evitan el 40% de los parques públicos por temor a la violencia, lo que limita su derecho al esparcimiento.

Vivienda digna: un derecho humano en crisis

La vivienda digna, entendida como aquella con acceso a servicios básicos, pisos, muros y techos firmes, es un derecho humano que las mujeres ejercen de manera desigual. Según el CONEVAL (2022):

• El 18% de las viviendas en zonas urbanas no cuentan con muros o techos firmes, y esta cifra asciende al 25% en hogares encabezados por mujeres.
• En estados como Oaxaca y Veracruz, el 30% de las viviendas habitadas por mujeres tienen pisos de tierra, lo que incrementa los riesgos de enfermedades respiratorias y afecta la calidad de vida de sus familias (INEGI, 2020).

La política de vivienda social en México ha sido ampliamente criticada por ONU-Habitat por priorizar desarrollos masivos en periferias sin servicios. Un ejemplo claro es el programa «Ciudades del Bicentenario» en el Estado de México, analizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (2019). En municipios como Huehuetoca y Zumpango, donde se construyeron miles de viviendas sociales, las mujeres enfrentan:

• Falta de conectividad: el 70% de las trabajadoras de estas zonas tarda más de una hora en llegar a sus centros laborales en transporte público.
• Ausencia de servicios básicos: el 40% de estas viviendas carece de acceso a agua potable regular, según un informe de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2023).
• Inseguridad: el 50% de las calles en estas zonas carece de alumbrado público, según SEDATU (2025).

Esta desconexión urbana perpetúa la marginación de las mujeres, quienes deben dedicar más tiempo y recursos al cuidado del hogar y la familia, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Movilidad urbana: un derecho limitado por la inseguridad y la falta de accesibilidad

La movilidad urbana es un componente esencial del derecho a la ciudad, pero las mujeres enfrentan barreras estructurales que restringen su desplazamiento:

• El Instituto Mexicano del Transporte (IMT, 2023) reporta que el 60% de las usuarias del transporte público en ciudades como Guadalajara y Monterrey perciben inseguridad, frente al 45% de los hombres.
• En la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó vagones exclusivos para mujeres en 2002, pero un estudio de la UNAM (2023) encontró que el 35% de las usuarias aún reportan acoso en estaciones y andenes.
• Las banquetas accesibles, fundamentales para madres con carriolas y mujeres con discapacidad, son escasas. El INEGI (2010) indica que solo el 15% de las vialidades urbanas cuentan con rampas para sillas de ruedas, y muchas banquetas son obstruidas por puestos ambulantes, basura o vehículos mal estacionados.

En ciudades intermedias como Mérida o Querétaro, las mujeres trabajadoras que dependen del transporte público enfrentan tiempos de traslado prolongados. Según el INEGI (2020), el 45% de las mujeres en zonas urbanas periféricas dedican más de 90 minutos diarios al traslado, frente al 30% de los hombres, lo que reduce su tiempo para actividades productivas o de cuidado personal.

Compromisos internacionales y el rol de las políticas públicas

México, como firmante de tratados internacionales como la CEDAW y la Nueva Agenda Urbana, está obligado a garantizar ciudades inclusivas, seguras y sostenibles. La CEDAW (1979), ratificada por México en 1981, exige a los Estados parte eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, incluyendo en el acceso a servicios públicos y espacios urbanos. Asimismo, la Nueva Agenda Urbana, adoptada en 2016 durante la Conferencia Hábitat III, establece principios para un desarrollo urbano compacto e inclusivo que atienda las necesidades de grupos vulnerables, como las mujeres.

A nivel nacional, la Política Urbana Nacional (PUN), promovida por ONU-Habitat, aboga por un modelo de urbanización que priorice la equidad de género. Sin embargo, el ECUM advierte que las acciones gubernamentales han sido insuficientes:

• El presupuesto para desarrollo urbano en 2024 fue de 13,500 millones de pesos, equivalente al 0.5% del PIB, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• En contraste, países como Colombia y Chile destinan entre el 1.5% y el 2% de su PIB a políticas de desarrollo urbano con perspectiva de género, según un informe de la CEPAL (2023).
• La falta de continuidad en los programas de infraestructura urbana, como el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de SEDATU, ha limitado el impacto de las intervenciones en comunidades marginadas.

Datos duros: una radiografía de la desigualdad urbana en México

El ECUM recopila las siguientes cifras clave que evidencian la magnitud del problema:

• Violencia en espacios públicos: 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia urbana (ONU Mujeres, 2023).
• Violencia en transporte público: 23.3% de las mujeres mayores de 15 años reportan haber sido víctimas (INEGI, ENDIREH 2021).
• Percepción de inseguridad: 60% de las usuarias del transporte público en ciudades como Guadalajara y Monterrey se sienten inseguras (IMT, 2023).
• Acceso a agua potable: 22.5% de hogares liderados por mujeres carecen de agua potable entubada, frente al 17% de hogares liderados por hombres (CONEVAL, 2022).
• Condiciones de vivienda: 25% de hogares encabezados por mujeres tienen pisos o techos precarios (CONEVAL, 2022).
• Acceso a áreas verdes: Solo 25% de las colonias urbanas tienen parques accesibles (SEDATU, 2018).
• Iluminación pública: Solo 35% de las vialidades urbanas cuentan con alumbrado funcional (SEDATU, 2025).
• Banquetas y accesibilidad: Solo 40% de las manzanas urbanas tienen banquetas, y apenas el 15% de las vialidades tienen rampas para sillas de ruedas (INEGI, 2010).
• Acceso a servicios de salud: 30% de las mujeres en periferias urbanas tardan más de 40 minutos en llegar a un hospital, frente al 18% de los hombres (Secretaría de Salud, 2023).
• Tiempos de traslado: 45% de las mujeres en zonas periféricas dedican más de 90 minutos diarios al traslado (INEGI, 2020).

Estudios de caso: desigualdades urbanas en ciudades mexicanas

Ciudad de México: inseguridad y desconexión

En la capital del país, las mujeres enfrentan múltiples formas de exclusión. Según el INEGI (2020), el 50% de las mujeres en colonias como Iztapalapa y Gustavo A. Madero reportan haber sido víctimas de acoso callejero. La falta de iluminación y vigilancia en el 65% de las calles de estas delegaciones (SEDATU, 2025) agrava la situación. Además, el 40% de las viviendas en estas zonas carecen de acceso regular a agua potable, según la CONAGUA (2023).

Tijuana: falta de espacios públicos seguros

En Tijuana, una ciudad fronteriza con alta densidad poblacional, el 60% de los parques públicos no cuentan con iluminación ni vigilancia, lo que los convierte en espacios inseguros para mujeres y niñas (SEDATU, 2018). Esto limita su acceso al esparcimiento y perpetúa su confinamiento al espacio doméstico.

Zumpango y Huehuetoca: periferias desconectadas

En el Estado de México, los desarrollos habitacionales de «Ciudades del Bicentenario» evidencian los fracasos de la política de vivienda social. Según la Universidad Autónoma del Estado de México (2019), el 70% de las mujeres trabajadoras de estas zonas tarda más de una hora en llegar a sus centros laborales, y el 50% de las calles carece de alumbrado público, incrementando los riesgos de violencia.